Lei del Cambio Climático de Cataluña: una apuesta estratégica

Por: David Maruny

Un paso estratégico importante

El Parlamento de Cataluña aprobó la LEY 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. Es un paso importante para dotar de relevancia la problemática asociada a la crisis climática mundial y establecer estrategias propias para afrontarla.

El preámbulo de la Ley del Cambio Climático repasa extensamente el estado actual de conocimiento y de las acciones de lucha mundial contra el cambio climático. Quizás faltarían las visiones de quienes dicen que ya llegamos tarde, que necesitamos plantear otro tipo de acciones más allá de las que promueve la Unión Europea y que son el fundamento de esta ley.

La Ley del Cambio Climático persigue, básicamente, las finalidades de acción:

  1. Conseguir que Cataluña reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y favorecer la transición hacia una economía baja en carbono, con un objetivo de reducción del 40% respecto al año base (1990) para el 2030, del 65 % para el 2040 y del 100% para 2050.
  2. Crear un Fondo Climático para financiar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Este Fondo Climático servirá, entre otros, para impulsar el fomento de las renovables; descentralizar redes y fomentar el autoconsumo eléctrico; fomentar las viviendas energéticamente eficientes y la movilidad sostenible; la eficiencia y el ahorro de agua; la conservación de la biodiversidad; la modificación de procesos de producción; la investigación y la innovación; o la reducción de la vulnerabilidad de los sectores económicos. El Fondo Climático se nutrirá fundamentalmente del 50% del impuesto sobre las emisiones de CO2, y dos nuevos impuestos: sobre las actividades económicas potencialmente más contaminantes que generan dióxido de carbono, y sobre las emisiones portuarias de grandes barcos.
  3. Promover y garantizar la coordinación de todas las administraciones públicas catalanas, y fomentar la participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los agentes económicos.
  4. Investigar y aplicar nuevas tecnologías para reducir la dependencia energética de Cataluña de recursos energéticos externos.

Evolución de emisiones en Cataluña.

La deseada recuperación económica tenderá a hacer crecer las emisiones y deberíamos alcanzar los objetivos previstos en la Ley del Cambio Climático en esta disyuntiva (reducción del 40% en 2030!), haciendo hincapié en aquellos sectores más generadores. En promedio, del orden del 64% de las emisiones son consecuencia de la actividad industrial y del transporte conjuntamente (36% industria y 28% de transporte). Las actividades de combustión del sector energético suponen del orden del 13% de emisiones, seguida de la actividad agrícola y ganadera (10%), el sector residencial (8%) y los residuos (5%).

Aspectos regulados por la Ley

La Ley del Cambio Climático trata los temas de mitigación (reducción de emisiones, presupuestos de carbono, inventario de emisiones y de sumideros de CO2), de adaptación (reducción de la vulnerabilidad de la población, los sectores socioeconómicos y de los ecosistemas , e incorporación del análisis de la resiliencia al cambio climático en la planificación), y del compromiso de la Administración en materia de cambio climático. Pero sobre todo, trata de políticas sectoriales y de fiscalidad ambiental.

Los aspectos regulados por la Ley son bastante genéricos: compromisos de información periódica, de planificación de reducción de emisiones, de acciones a tener en cuenta en las diferentes políticas sectoriales, …

Seguramente se echa en falta un mapa conceptual del conjunto de la Ley, para saber si todo lo que se propone forma un conjunto coherente y especialmente, cuáles son las condiciones socioeconómicas y técnicas que permitirán el éxito de los objetivos que plantea.

Lo más concreto de la Ley es la regulación detallada del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica en las categorías M1 (turismos), N1 (vehículos comerciales de menos de 3.500 kg) y motocicletas. Esta es la principal fuente de financiación del Fondo Climático y deriva de la LEY 5/2017, de 28 de marzo (capítulo IX).

Este impuesto no aplica a la flota de camiones (los más contaminantes) ni a vehículos oficiales. Además, hay otras razones por las que el RACC considera que no es un impuesto justo.

Por otra parte, la Ley de Cambio Climático trata por separado diferentes ámbitos de política sectorial (artículos 14 al 27): Agricultura y ganadería; Pesca y acuicultura; agua; biodiversidad; Bosques y gestión forestal; energía; Industria, servicios y comercio; infraestructuras; residuos; salud; Transportes y movilidad; Turismo; Formación profesional, universidades e investigación; y Urbanismo y vivienda. Algunos son más genéricos que otros, pero hay compromisos y objetivos muy interesantes.

Políticas de energía

Según la Ley del Cambio Climático, las medidas que se adopten en materia de energía deben ir encaminadas a la transición energética hacia un modelo 100% renovable, desnuclearitzado (con un plan de cierre no más allá de 2027) y descarbonizado , neutro en emisiones de gases de efecto invernadero, que reduzca la vulnerabilidad del sistema energético catalán (generación distribuida, autoconsumo, …) y garantice el derecho al acceso a la energía como bien común.

Es una clara apuesta por la energía renovable, que se quiere que en 2030 signifique el 50% de participación en el sistema eléctrico catalán, y del 100% en 2050. Se habla de todo el sistema eléctrico catalán, que en estos años de aplicación de la Ley estará influenciado por el auge de la movilidad eléctrica. Pero no queda claro si se cuenta con este fenómeno a la hora de hacer el impulso a este modelo energético y determinar los objetivos a alcanzar en políticas de energía.

En todo caso, la Ley compromete al Gobierno a adoptar las propuestas normativas pertinentes para agilizar la tramitación de parques eólicos y también con relación al autoconsumo de electricidad solar fotovoltaica, favorecer la implantación de las tecnologías de generación eléctrica distribuida en los edificios con una gestión activa de la demanda y producción de energía eléctrica y con el apoyo de las tecnologías de almacenamiento de energía, para reducir los consumos energéticos, maximizar las capacidades del sistema eléctrico y mejorar la sostenibilidad ambiental y económica global.

Además, compromete al Gobierno también en:

  • En 2020 un mínimo del 70% del consumo de energía eléctrica total del conjunto de los departamentos de la Generalitat y los organismos dependientes debe proceder de fuentes renovables. En 2030 debe proceder el 100%. (No queda claro si deben provenir de fuentes renovables del sistema eléctrico catalán o pueden ser de importación …)
  • En 2020 un mínimo del 20% del consumo energético total del conjunto de las instalaciones públicas de gestión de residuos, de saneamiento de aguas residuales urbanas y de potabilización de agua la gestión de las cuales es competencia de los departamentos de la Generalitat o los organismos dependientes debe proceder de fuentes propias de origen renovable. (Aquí sí se especifica que deben proceder de fuentes propias de las instalaciones).

Políticas en transportes y movilidad

De acuerdo con la Ley del Cambio Climático, las medidas que se adopten en materia de transportes y movilidad deben ir encaminadas a reducir la vulnerabilidad y las emisiones de gases de efecto invernadero, para avanzar hacia un modelo de transporte público, colectivo e intermodal que no se base en la tenencia de vehículo privado y que fomente el uso generalizado del transporte público y otras formas de transporte sostenible sin emisiones de gases de efecto invernadero.

Casi nada! Hace años que hay política de modelo de transporte público y de movilidad, a menudo desvinculada de la política de infraestructuras … ¿Cuál es el marco mental que propone la Ley para desarrollar y alcanzar objetivos medibles en este ámbito? Si la Ley excluye del impuesto sobre las emisiones de CO2 el transporte pesado de mercancías, como se incentiva el transporte sostenible en este ámbito?

Asimismo, la Ley contempla habilitar incentivos económicos y administrativos para mejorar la eficiencia energética del parque de vehículos, conjuntamente con el fomento de la gratuidad de las zonas de aparcamiento para los vehículos que utilizan energías renovables hasta que éstos no sean el 80% del total del parque móvil. Podría haber una cierta contradicción entre esto y el modelo de transporte público, especialmente, porque en ninguna parte se indica si para alcanzar los objetivos generales hay que plantear la reducción del total del parque móvil de vehículos privados.

La apuesta por el vehículo eléctrico es clara. Por Ley, se debe garantizar que las infraestructuras eléctricas tengan suficiente capacidad para atender la demanda adicional de electricidad que conllevará la transición hacia el vehículo eléctrico y que se adecuen a la movilidad eléctrica y la electrificación del transporte. Falta también la explicación del marco general que permitirá hacer posible esta garantía.

En todo caso, la Ley compromete al Gobierno a que el 100% de la flota pública de la Generalidad sea eléctrica en 2030 y que el 30% de renovación del parque de vehículos sea eléctrico en 2025. Un objetivo ambicioso, pero positivo. Y no es el único. La Ley también se fija los siguientes objetivos:

  • Promover las medidas necesarias en el sector de la automoción para que los vehículos motorizados nuevos no sean de combustión interna fósil a partir del 2030 y para el sector de la automoción pase de un modelo exclusivo de caballos fiscales a uno de emisiones contaminantes.
  • Reducir en un 50% la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente de los derivados del petróleo en el ámbito del transporte rodado y de los puertos de mercancías y deportivos en el horizonte del año 2040.

Quedan años por delante, pero no hay que distraerse que ya se sabe que todas las previsiones acaban siendo optimistas 😉

Políticas en urbanismo y vivienda

Tal como dice la Ley del Cambio Climático, las medidas que se adopten en materia de urbanismo y vivienda deben ir encaminadas a un cambio de modelo urbanístico que priorice la rehabilitación del parque de viviendas y los edificios de consumo energético casi nulo ya reducir la vulnerabilidad y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se apuesta por que las nuevas áreas residenciales sean autosuficientes energéticamente y se diseñen de acuerdo con la jerarquía de criterios siguiente: reducir la demanda energética, ser eficientes en el diseño de los sistemas que cubren la demanda energética, aprovechar los recursos energéticos locales, promover el uso de materiales de construcción de bajo impacto ambiental y compensar las emisiones de dióxido de carbono derivado del impacto energético de los edificios con parques de generación a partir de fuentes renovables.

El fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables en el sector de la edificación prioriza las que no generan un trasvase hacia otros contaminantes con impactos locales. Se refiere a la extensión descontrolada del uso de la biomasa? Esta fuente de energía renovable de emisiones neutras (siempre que sean recursos locales) pero no nulas puede tener otros impactos locales (olores, humos, ..). Sería interesante disponer del marco mental de la Ley en este sentido … Sólo en el apartado de Bosques y Gestión Forestal de la Ley del Cambio Climático se habla del suministro sostenible de biomasa forestal para sustituir combustibles fósiles en la producción térmica.

En todo caso, la Ley compromete al Gobierno a promover, entre otros:

  • El uso de fuentes de energía renovable para la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria, y de soluciones constructivas, tanto estructurales como de cierres altamente eficientes energéticamente.
  • La construcción con criterios bioclimáticos con el objetivo de que en 2020 los nuevos edificios construidos sean de consumo energético casi nulo.
  • El impulso de políticas activas que fomenten la rehabilitación energética del parque de viviendas y la mejora del ahorro y la eficiencia energéticos. Se debe priorizar la accesibilidad y la eficiencia energética de edificios y viviendas con aprovechamiento de energía renovable, y debe cubrir la necesidad de actuación sobre un mínimo de 50.000 viviendas anuales.
  • La reserva de puntos de carga de vehículos eléctricos en los centros de trabajo y edificios públicos.
  • La garantía, en los nuevos desarrollos urbanísticos, de la provisión energética con fuentes de energía 100% renovables, sea por conexión a la red de consumo sea facilitando el autoconsumo o, en su caso, construyendo redes cerradas.

Seguramente también estaría bien tener una priorización de ámbitos de actuación en este sentido, porque no tiene la misma necesidad de rehabilitación energética un parque de viviendas situado en zonas interiores de Cataluña que situado en la línea de costa, por ejemplo.

El colofón de las disposiciones finales: la garantía de acceso a los recursos básicos de energía y agua

Por su relevancia, a pesar que el redactado de la Ley sea del tipo declaración de intenciones, reproducimos el texto original de la disposición final séptima de la Ley del Cambio Climático:

1. El Gobierno y, en su caso, los entes locales, en el ámbito de las competencias respectivas, con el objetivo de garantizar el acceso universal de toda la población a un consumo mínimo vital de determinados recursos básicos, impulsarán los mecanismos prestacionales necesarios para garantizarlo en el caso de suministros de energía eléctrica, combustibles no carburantes y agua.

2. De acuerdo con el apartado 1, se deben diseñar los mecanismos prestacionales necesarios para asegurar el mínimo vital en los suministros de energía eléctrica, combustibles no carburantes y agua para la población en situación de pobreza y riesgo de exclusión social.

3. Los departamentos competentes en materia de bienestar social, energía y agua y, en su caso, los entes locales deben definir las condiciones y la metodología que permitan establecer el consumo mínimo de energía y agua necesarios para asegurar la cobertura del mínimo vital para la población en situación de pobreza y riesgo de exclusión social.

El texto lleva a grandes objetivos, que ya hace algunos años que se trabajan en el marco de la problemática de pobreza energética que sufre Cataluña. Por eso sorprende que aún se hable de definir metodología para establecer el consumo mínimo de energía y agua necesarios para asegurar la cobertura del mínimo vital. Además, se habla de pensar mecanismos prestacionales … No habría que hablar de un modelo de financiación del sistema energético catalán socialmente justo? Y de potenciar el uso de energía renovable prioritariamente en los casos de precariedad de suministros de energía? ¿Cuál sería el marco mental de la Ley en todo esto?

Y claro que hay que garantizar las coberturas de suministros básicos! Pero y si las familias en esta situación les toca pagar el impuesto sobre emisiones de CO2 de su vehículo imprescindible? No se puede pensar en un sistema más fácil? Y en este sentido … como liga todo ello con la LEY 14/2017, del 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía?

Preguntas que nos quedan para reflexionar conjuntamente otro día 🙂